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El Tribunal Superior de Cundinamarca admitió hoy la acción de cumplimiento que interpuso el candidato al Senado por Cambio Radical, Julio César Mancera en contra de la Presidencia de la República, el Instituto de Bienestar Familiar y el partido político de las FARC-EP por no identificar y entregar la totalidad de menores víctimas del conflicto armado y restablecer integralmente los derechos de estos menores, como lo establece la Ley de Víctimas, de la Infancia y la Adolescencia y el Acuerdo de Paz.

Mancera resaltó la importancia de la decisión y aseguró que la admisión de la demanda ante el alto Tribunal, obliga por primera vez a las FARC-Ep, como grupo político, a responder por los niños reclutados en sus filas.

Dijo que espera que acción de cumplimiento siga su trámite en el tribunal y en poco tiempo se logre que el gobierno a través del ICBF y la presidencia y las FARC-EP cumplan con los acuerdos de la Habana que obligan a la desmovilizados de los niños vinculados a la guerra.

La demanda radicada ante el alto tribunal desde diciembre del año pasado establece que existe una falta de información confiable y suficiente sobre el número de menores reclutados como en los entregados por el grupo guerrillero y no se ha realizado una efectiva verificación de dicha entrega por parte del gobierno, tal como se estableció en el compromiso con las FARC-EP, en mayo de 2016.

“Según los cronogramas de los acuerdos finales para la paz, la entrega de todos los menores de edad reclutados por las FARC-EP debió llevarse a cabo a mediados de 2016. El grupo armado dice que cumplió con la entrega de los menores. Sin embargo, resulta ingenuo creer esta versión cuando en su momento el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, reconoció que las FARC-EP incumplió el acuerdo de menores”, explicó Mancera.

Hasta le fecha se tiene conocimientos que las Farc-EP han entregado 88 menores víctimas del conflicto armado. No obstante, dice la demanda, esta información dista gravemente no sólo de los 21 menores que estimaba las FARC-EP en mayo de 2016, sino, de los cerca de 11.556 menores que han sido afectados por este delito en los últimos 42 años y de la cifra de 3.609 menores en los últimos 17 años por parte del ICBF.

La acción de cumplimiento establece que el Gobierno Nacional y el ICBF silenciaron e ignoraron el tema de la verificación de la entrega total y efectiva de los menores reclutados ilegalmente en las filas del grupo armado, no han restablecido sus derechos y omitieron un registro de los mismos desagregado por causa, zona, nombre, identificación, lugar de entrega y medidas de restablecimiento.

Igualmente se dice que “no existen labores, protocolos y programas de verificación eficaces por parte del Gobierno Nacional tendientes a comprobar que los menores entregados por las FARC-EP, correspondan a la misma cantidad de víctimas reportadas según estudios y registros en tal sentido y se compruebe que los derechos prevalentes de los menores afectados por el conflicto armado, fueron o van a ser restablecidos de acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia e instrumentos internacionales aplicables”.

De acuerdo con la demanda tanto el Gobierno Nacional, el ICBF como las FARC-EP han omitido la aplicación de 10 artículos del Código de Infancia y Adolescencia, el artículo 190 de la ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas- y los compromisos contenidos en el punto 3.2.2.5 del acuerdo de paz.

Al explicar las razones de la demanda, Mancera aseguró que “es inadmisible que el Gobierno Nacional se haya convertido en cómplice de las FARC frente al acuerdo de la entrega de los menores reclutados en sus filas. Hoy no sabemos cuántos son ni dónde están. Al país le duelen sus niños y niñas. En esta época de navidad nuestro mejor regalo es exigir que los devuelvan y que regresen a sus familias”.

“No importa que hoy sean mayores de edad. Muchos de ellos como lo hemos visto en varios medios llegaron como menores a la guerra y sufrieron todo tipo de vejámenes como el maltrato y la violación. Si bien es cierto que algunos de esos menores ya murieron otros han alcanzado su mayoría de edad, esto no supone que hayan perdido su condición de víctimas. El Estado, por ende, tiene la obligación inaplazable de exigir la entrega de los menores y velar por el restablecimiento de sus derechos constitucionales y el grupo armado de cumplir con su compromiso de identificarlos y entregarlos para su reincorporación a la vida civil”, aseguró.

 

Pretensiones

En la acción de cumplimiento se exige poner fin inmediatamente al reclutamiento de menores de 18 años, desmovilizar a los niños de todas las fuerzas armadas bajo su control y entregarlos al organismo nacional o internacional humanitario adecuados de conformidad con los acuerdos finales de paz.

Igualmente se solicita desarrollar y aplicar en los próximos seis meses, políticas claras para identificar las víctimas del reclutamiento, reincorporar a la vida civil con programas psicosociales y garantizar que los afectados por este delito regresen de manera inmediata a sus hogares o a la custodia del Estado en los términos de los acuerdos finales de paz.

Las políticas de restablecimiento deben ser informadas a través de los medios de comunicación y se debe garantizar que los niños reclutados no afronten las represalias contra ellos o sus familiares por el fin del conflicto.

También se pide al tribunal que los responsables del reclutamiento de niños rindan cuentas, no concediendo inmunidad judicial a los miembros de la guerrilla o las fuerzas paramilitares responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario, que acudan a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para ventilar los casos de reclutamiento de menores de edad  y llevar a cabo investigaciones, en la Fiscalía General, de los líderes de los actores criminales responsables de reclutar, violar y maltratar a niños menores de 15 años en sus fuerzas con carácter prioritario.

Se propone crear una comisión especial para la verificación de las solicitudes consignadas en la demanda, integrada por la Procuraduría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo; Medicina Legal; la ONU; universidades públicas y privadas; y organizaciones civiles de derechos humanos, para que realicen una veeduría y hagan un seguimiento detallado cada 6 meses hasta el año 2020, al fenómeno del reclutamiento armado en el país, informe que deberá ser socializado en medios de comunicación.

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