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La Fiscalía General de la Nación descubrió que en Medellín existía una empresa exportadora de oro que simuló operaciones por 1.3 billones de pesos en transacciones comerciales con habitantes de la calle, taxistas, panaderos y hasta muertos.

Según la investigación, adelantada por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, Sadín Jesús Jiménez Hernández, su hermana Ileana Jiménez Hernández y su núcleo familiar conformaron la empresa Comercializadora Internacional S & JIL SAS, el 25 de marzo de 2010 en Medellín, para lavar activos.

Luego de tres años de investigación, los peritos descubrieron que los proveedores de la Comercializadora Internacional resultaron ser empresas de papel, quienes reportaron que habían adquirido el oro a personas fallecidas, con cédulas no asignadas, canceladas, inexistentes, habitantes de calle, población vulnerable, obreros de construcción, panaderos, taxistas y agricultores entre otros.

En otros casos, los representantes de los proveedores de la Comercializadora Internacional de Oro, al parecer pagaron o prometieron empleos que nunca cumplieron a personas de escasos recursos para que tramitaran su Registro Único Tributario RUT, para luego simular transacciones comerciales como si ellos fueran proveedores de oro de diferentes minas en el Urabá Antioqueño e inclusive Cartagena (Bolívar).

Durante la audiencia de imputación realizada ante un juez de control de garantías la Fiscalía le dio a conocer al operador judicial que “Cabe anotar que el 85% de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro mina, incluso muchos de ellos eran habitantes de la calle o población vulnerable, otros se ubicaron en barrios deprimidos de Medellín a quienes les habían pagado (10 mil a  30 pesos) para que sacaran el RUT e indicaran que se dedicaban a actividadesde minería”.

Una situación particular que se presentó mientras se estaba adelantando las audiencias, fue que precisamente el funcionario de la policía nacional que se encontraba como custodio de la sala de audiencia, era una de las personas que figuraba como otros tantos de las personas que aparecía como quien les había proveído oro a una de las empresa fachada.

De esta manera reportaron a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, diferentes operaciones comerciales de manera directa con personas que para la fecha se encontraban fallecidas o que no existían o que sus datos no coincidían con las certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado civil.

Dentro del proceso, la Fiscalía dio a conocer el universo de los presuntos proveedores de oro a la Comercializadora Internacional “420 personas entrevistadas sobre una muestra de 1.200 pertenecientes a un universo de 12.600 afirmaron nunca haber comercializado con oro en ninguna de sus formas y menos haber tenido relaciones comerciales con las sociedades investigadas”.

Frente a las empresas que figuraban como proveedoras de la Comercializadora Internacional la Fiscalía descubrió que muchas de ellas figuraban en locales comerciales que al momento de la investigación, estaban desocupados.

Por ejemplo: de la sociedad Agencia de Inversiones y Finanzas Altair SAS, que registró como dirección comercial la carrera 46 No. 51ª – 26 interior 412, correspondió al local 412 del Centro Comercial San Andresito Principal en la ciudad de Medellín, verificando que no funcionaba allí.

Así sucedió con la sociedades SANCHEZ ARROYABE INVERSIONES SAS y SANCHEZ A LOGISTICA SAS que registraron la misma dirección comercial, esto es, la carrera 48 No. 51 – 10 del Municipio de Segovia – Antioquia, donde para la fecha en que estas sociedades presuntamente desarrollaban su objeto social, funcionaba el Instituto de Bienestar Familiar, y al momento de la verificación (feb 2013) se encontró un edificio de 5 pisos de apartamentos. 

Para determinar la realidad de la explotación del oro, la investigación llevó al fiscal a verificar en el Sistema de Información Minero Colombiano (Simco) y se descubrió que algunos municipios reportados por la Comercializadora Internacional y las empresas fachada, no eran productores del metal precioso como Caramanta (Antioquia) donde según sus reportes en 2011 pagó a sus proveedores la suma de $616.650.522 por mineral procedente de este municipio, equivalente a 6 kilos aproximadamente.

Otro caso es el de la sociedad Sánchez A. Logísticas SAS, que reportó en 2011 haber realizado operaciones de compra de oro en barra aproximadamente 13 kilos, procedente de Chigorodó por un valor de $1.075.444.862, con 49 personas naturales, sin que en este municipio hubiera producción legal de oro mina. Igual sucedió con Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá y Cartagena (Bolívar).

Con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía, el Juez de Control de Garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento de detención en centro carcelario por el delito de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir en contra de Sadín Jesús Jiménez Hernández, Sebastián Peláez Jiménez, Ileana Jiménez Hernández y León Jaime Vélez Muñoz, al considerar, entre otros aspectos, que obstruirían la labor de la justicia, como quiera que al ordenarse un registro a la casa de una de estas personas por parte del Fiscal del caso, se halló un cuaderno de la investigación, documento reservado y de manejo exclusivo de la Fiscalía Nacional de la Nación.

Por los mismos delitos impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su domicilio a Eliana Paola Sánchez Arroyabe y Oscar Darío Vélez Muñoz; mientras que por lavado de activos y concierto para delinquir envió a su residencia para María Fabiola Jaramillo, Clara Dilia Torres Betancur y Astrid Eliana Deossa Torres.

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