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La Fiscalía General de la Nación entregó dos nuevos informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en los que se detallan conductas ilegales que serían de las más invisibilizadas en el marco del conflicto armado en el país.

Las mismas están relacionadas con violencia basada en género cometida por las Farc y agentes del Estado. La primera parte del informe visibiliza las crueles y aberrantes prácticas que el grupo guerrillero ejerció en contra de mujeres, hombres niños, niñas, adolescentes, comunidades indígenas, afrocolombianas, población LGBTI y líderes sociales.

Con el mismo se busca aportar al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y sus familias y contribuir al mejoramiento de la investigación y judicialización Detalla el ente acusador que la desmovilizada guerrilla recurrió de manera indiscriminada a diversas manifestaciones de violencia basada en género contra la población civil, sus propios compañeros de fila e integrantes de la fuerza pública.

El documento detalla algunos casos crueles y aberrantes en los que estos fueron sometidos a distintos vejámenes que motivaron la apertura 874 investigaciones por delitos de violencia basada en género. Se enumeran en total 945 víctimas, de las cuales 876 fueron mujeres (96%) y 38 hombres (4%).

En total, estas personas fueron víctimas de 600 casos de acceso carnal violento (68.6%), y 122 por acceso carnal abusivo con menor de 14 años (13.9%). De igual manera, fue detectado un porcentaje menor de otras circunstancias como desnudez forzada, feminicidio, esclavitud sexual y prostitución forzada, que en su gran mayoría se registraron en Antioquia, Meta, Tolima, Nariño, Chocó, Sucre, Bolívar, Magdalena, Caquetá y Cundinamarca.

Hay más

En cuanto a la Violencia Basada en Género cometida por agentes del Estado, el informe añade que fueron recopilados elementos materiales probatorios y evidencia física de 206 procesos, en los que hay involucrados 234 integrantes del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional.

En las investigaciones hay referenciadas 281 víctimas, de las cuales 77% son mujeres, 52% entre los 18 y 30 años y 42% menores de edad. Por ocupación e identidad étnica, 25% eran estudiantes, 23% amas de casas y 10 % indígenas. Dados los problemas de subregistro y el temor en la mayoría víctimas que se abstuvieron de denunciar, se cree que el número de personas afectadas podría ser mayor.

Por ubicación geográfica, 40% de los hechos en mención están concentrados en cuatro departamentos: Antioquia, Arauca, Norte de Santander y Tolima. Así las cosas, a la fecha, son siete los informes que quedan a consideración de la JEP para que avance en los asuntos de su competencia.

Ya antes había rendido cuentas sobre el inventario de casos relacionados con el conflicto armado, retenciones ilegales por parte de las Farc, victimización a miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado, vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte del grupo guerrillero, y los denominados ‘Falsos Positivos’.

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