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Resulta desconcertante y espantoso el hecho de que el Estado no pueda proteger a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos y que hayamos llegado al colmo de que cada 3 días asesinen a un dirigente, según lo señalado por la Defensoría del Pueblo. Pero igual de denigrante es que organismos de seguridad asocien la mayor parte de estas muertes con ‘líos de faldas’.

La misma Defensoría, que se ha pronunciado en las últimas horas lamentando esta situación, preciosa que desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en diciembre de 2016, han asesinado a 311 líderes y solo en Nariño se contabilizan 18, la mayor parte en la costa y el piedemonte.

Precisamente en la noche del pasado miércoles en la vereda Vaquerío, que hace parte del corregimiento de Llorente, en Tumaco, ultimaron de tres impactos de arma de fuego a la líder Margarita Estupiñán, quien pertenecía a Colombia Humana, partido del excandidato presidencial Gustavo Petro, quien ayer condenó este crimen y el de otra militante, Ana María Cortés, acribillada en Cáceres, Antioquia.

Estupiñán, que también era presidenta de la Junta de Acción Comunal de un sector de dicha vereda, era objetivo permanente de amenazas de grupos paramilitares, que serían los mismos que la mataron en su residencia.

En la investigación de la Defensoría del Pueblo se ubica a Nariño como uno de los departamentos más críticos y solo es superado en esta problemática por el Cauca con 78 víctimas, Antioquia (43) y Norte de Santander (21), zonas que coinciden con un alto registro de narcocultivos o minería ilegal.

El gobierno de Juan Manuel Santos, al que se le reconoce haber firmado la paz y posibilitado la desmovilización de la guerrilla más poderosa de Latimoamérica, no ha logrado contener la proliferación de nuevos grupos armados como las disidencias de las Farc y de las mismas organizaciones paramilitares como el Clan del Golfo, que son responsables de la execrable matanza de los dirigentes, actos que los perpetran de la manera más fría, calculadora y descarada, en las narices de las autoridades.

Han fracasado el vicepresidente de la República, Oscar Naranjo y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, que garantizaron una y otra vez protección a los líderes con planes y medidas especiales, pero luego de sus anuncios en el mismo Tumaco, en donde más se han perpetrado estas aniquilaciones, los actores armados les responden matando más de ellos, de los que hacen parte de sus listas negras.

Qué sacamos con los anuncios de Rivera, quien aseguró que convocará una comisión que evalúe las medidas de protección de las que disponen estas personas altamente vulneradas por la defensa que ejercen en sus poblaciones. Ya la gente no cree en el Gobierno y en medio de esa incertidumbre aumenta el temor por lo que sería la nueva política de Seguridad Democrática del presidente electo, Iván Duque.

Apenas el 3 de junio mataron a Carlos Jimmy Prado Gallardo, defensor de los derechos étnicos territoriales del Pacífico, hecho registrado luego de sostener ese viernes una reunión con otros pobladores de Bocas de Satinga, municipio de Olaya Herrera, para plantear la preocupante presencia de bandas criminales al servicio del narcotráfico, así como de paramilitares y disidentes de la guerrilla.

Como están las cosas y esa indiferencia e inefectividad del Estado para proteger a los líderes, estos prácticamente llevan cargado un epitafio y su destino funesto está asegurado. La única salida que les queda es el exilio, huyendo de su propio hogar y patria que les dio la espalda.

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