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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó su satisfacción luego de que la Corte Constitucional declarara exequible la Justicia Especial para la Paz con la que serán juzgados los integrantes de las Farc.

 

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El siguiente es el texto completo de la alocusión presidencial dada por el jefe de Estado en la noche de este martes:

El fin del conflicto armado con las Farc –sin duda– ha generado una esperanza de mejoría de las condiciones de vida en el campo colombiano, y estamos trabajando para responder a esa esperanza.

Los cambios no se producen de un día para otro, pero podrán alcanzarse mucho más rápido ahora que esta guerrilla entregó sus armas y se ha convertido en un movimiento político.

El logro del acuerdo de paz no es un logro exclusivo de este gobierno sino de todos los colombianos, y por eso debemos cuidarlo y protegerlo todos los colombianos.

Cuidar la paz, construir la paz, consolidar la paz, es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones. La historia se encargará de demostrarlo.

Por eso, hoy quiero hacer un llamado vehemente al Congreso de la República.

Este ha sido el Congreso de la Paz, un Congreso que ha asumido –hasta ahora– la responsabilidad histórica de ayudarnos a acabar una guerra interna de más de medio siglo.

El Congreso refrendó en diciembre pasado, por una abrumadora mayoría, el nuevo acuerdo de terminación del conflicto que se firmó en el Teatro Colón.

Desde entonces, el Congreso ha estudiado, debatido y aprobado importantes leyes y reformas para implementar el acuerdo de paz, incluido el acto legislativo que creó el Sistema de Justicia Transicional, el primero bajo los estándares del Estatuto de Roma, y que incluye la Justicia Especial para la Paz.

Hoy mismo la Corte Constitucional declaró exequible este acto legislativo. Es una gran noticia.

Ahora nos quedan cerca de dos semanas para aprobar, mediante el procedimiento de la vía rápida, importantes normas que desarrollan el acuerdo de paz, y el Congreso no puede ser inferior a esta tarea trascendental.

En particular, me refiero a la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, que es la columna vertebral del acuerdo.

La llamada JEP es la forma de garantizar los derechos de las victimas a la justicia, a la verdad, a la reparación y a la no repetición. Es la forma de garantizar la no impunidad de los crímenes más graves cometidos con ocasión del conflicto.

Por eso, aprobarla es una responsabilidad, primero que todo, con las víctimas.

La JEP fue producto de una negociación entre las dos partes en conflicto, y es la primera vez en la historia que dos partes se ponen de acuerdo en un sistema de justicia transicional y se someten a ella.

Es también la primera vez que una guerrilla acepta entregar sus armas para luego someterse a la justicia, en un acto de confianza en el Estado y sus instituciones.

La justicia especial que se acordó cumple con las normas internacionales de justicia transicional y con nuestra propia constitución como se ratificó hace unas horas; ha sido elogiada por académicos y expertos del mundo entero, y señalada por la comunidad internacional como un precedente para la resolución de futuros conflictos.

Las plenarias del Senado y de la Cámara tienen la enorme responsabilidad de dar los últimos debates a la ley estatutaria que le da vida a la justicia especial de paz.

No debería de ser problema por cuanto ya aprobaron la reforma constitucional que creó la JEP, y ahora solo se trata de reglamentarla.

Además, se están teniendo en cuenta en el trámite legislativo varias de las observaciones realizadas por diferentes sectores y por los mismos congresistas, que han ayudado a mejorar y hacer más preciso el texto.

Ha quedado totalmente claro, por ejemplo, que los disidentes, reincidentes y desertores serán juzgados por la justicia ordinaria y pagarán cárcel efectiva.

También se define que no decir toda la verdad, por ejemplo en materia de ocultación de bienes a través de testaferros o sobre crímenes graves, se considerará un incumplimiento que hace perder los beneficios.

Por otro lado –como siempre lo he dicho–, y como lo prometí, los militares y policías que se acojan a la JEP tendrán los mismos beneficios dentro de un régimen especial y diferenciado. Ya hay cerca de 1.800 soldados y policías que se han acogido a la Justicia Especial de Paz y casi la mitad de ellos ya están libres.

Y ningún civil que haya sido extorsionado por los grupos armados ilegales tiene absolutamente nada que temer. ¡Ellos son víctimas y no victimarios!

Solo comparecerán ante la JEP los civiles que hayan sido determinadores activos de los crímenes más graves y atroces y podrán escoger si prefieren quedarse en la justicia ordinaria.

La paz de Colombia –así de sencillo– está ahora en la cancha del Congreso, y esperamos que el Congreso no les falle a los colombianos ni a las víctimas.

El procedimiento rápido se agota y cualquier demora injustificada sería fatal.

Algunos pretenden –a estas alturas– que se les prohíba a la FARC hacer política sin antes haber sido juzgados y condenados por la JEP.  Eso no fue lo que se pactó.

En este caso, como en todos los procesos de paz que se han negociado hasta ahora, los alzados entregaron sus armas, pero a cambio de que los dejen participar en política.

¡No en veinte años, sino ya! Como sucedió con el M-19, en Irlanda del Norte, en El Salvador, en Guatemala, en Suráfrica y en todos los conflictos que se han resuelto en una mesa de negociación.

En todos los casos, y en este también, cambiaron la violencia por los argumentos, las botas por los votos.

Su participación en política –que la corte también avaló—no  implica que no tengan que cumplir con sus obligaciones de decir la verdad y reparar las víctimas.

De eso –precisamente– se trata un proceso de paz.  Siempre ha sido así. Eso fue lo que se acordó. Y hay que cumplir.

El mundo entero está pendiente de que el Estado colombiano cumpla con su palabra empeñada.

Después de semejante respaldo que recibimos –inclusive del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con cinco resoluciones que se aprobaron por unanimidad, algo nunca visto –, no podemos permitir que coloquen a Colombia de nuevo en el muro de la infamia por incumplir con sus compromisos.

Yo entiendo que muchos colombianos no les guste que miembros del antiguo secretariado de las Farc, responsables de crímenes atroces, sean ahora candidatos.

A mí tampoco me gusta. Nunca he comulgado con lo que piensan y representan. Por eso los he combatido toda mi vida. Nunca nadie les dio más duro cuando estábamos en guerra. Y, si pudiera, los combatiría en las plazas públicas con la misma contundencia con la que los combatí en el plano militar.

Esa es la fuerza y el vigor de la democracia. Los colombianos, con nuestro voto, decidiremos si aceptamos sus ideas y propuestas o las rechazamos. Y sin duda, sin duda es mejor tener a las Farc echando discursos que echando bala.

Como le dije a Timochenko la primera vez que lo vi: posiblemente nunca estaré de acuerdo con su manera de pensar pero –si dejan las armas y se comprometen con la verdad y con las víctimas– me haría matar para que puedan expresar sus opiniones libremente en los foros de la democracia.

¡No le tengamos miedo a la democracia! ¡Y no le tengamos miedo a la paz!

Señores congresistas: las víctimas, el país y el mundo están pendientes de su trabajo, y esperamos que estén a la altura de su responsabilidad.

Que los intereses políticos o electoreros NO empañen el trabajo que han cumplido hasta ahora.

La patria y la paz están por encima de la política.

La justicia y la verdad están por encima de la política.

El futuro de las nuevas generaciones –que miran esperanzadas una vida sin conflicto armado– está por encima de la política.

Han sido el Congreso de la Paz. ¡Culminen su trabajo con broche de oro!

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