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A través de una carta enviada al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, confirmó que no hará entrega a la JEP del informe sobre los bienes inventariados a las Farc para la reparación de víctimas del conflicto.

Esto, a su juicio, porque no son de su competencia. En ese orden de ideas, y negando en la reunión en el congreso la semana pasada que existiera un ‘choque de trenes’, y aduciendo todo a un tema mediático, Martínez pidió al alto tribunal resolver el conflicto entre las jurisdicciones.

Dentro de sus argumentos, Martínez expone que reza en el acuerdo de paz que los bienes y activos que no hayan sido inventariados cuando concluyera el proceso de dejación de armas, deberán recibir el tratamiento que establece la legislación ordinaria.

Así las cosas, y como explica en su misiva, Martínez expuso que los bienes no inventariados hasta agosto de 2017 en la acta expedida por las Farc, quedarán “inobjetablemente” afectos a los trámites de la legislación ordinaria respecto de cualquier bien o patrimonio de origen ilícito.

“El despacho debía iniciar las investigaciones encaminadas a obtener el trazo de tales activos, por lo cual se dispuso un cuerpo integrado por 400 investigadores y dicha actividad llevó a que los funcionarios revisaran 13 millones de archivos”, añadió Martínez, recalcando que extinguir aquellos activos ilícitos es jurisdicción de la Fiscalía, todo bajo mandato constitucional.

Tal y como expuso el jefe del ente acusador, se estableció la existencia de 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales, 107 bienes baldíos, 284 establecimientos comerciales, 792.808 semovientes y 1.166 automotores, además de varias caletas de dinero, entre pesos y dólares, que no fueron inventariados y están sujetos a extinción de dominio. En total, todo esto suma 2,3 billones de pesos, como explicó entonces, es el doble de lo detallado en el inventario entregado al Gobierno.

“La JEP llega a la extravagancia de considerar que todos los bienes de las Farc que, como producto de sus pesquisas, encuentre en adelante la Fiscalía deberían tenerse como parte de los propios bienes inventariados de las Farc y, claro está, de esa manera no podrían ser objeto de extinción de dominio”, explicó el fiscal.

Este es el motivo, donde explica Martínez, nace el conflicto entre las dos jurisdicciones, y por ello, pidió a la Corte Constitucional que sea la sección de primera instancia la que resuelva el tema de competencias de cada institución, dado que “se escapa de la competencia de la jefa los bienes no inventariados por las Farc en su oportunidad”.

“Una de las salas del tribunal especial para la paz demuestra que esa sección ha asumido la competencia para solicitar información y adoptar medidas cautelares sobre bienes no inventariados por las Farc. Al hacerlo, esa corporación no solo se extralimita en el ejercicio de las funciones otorgadas, sino que se arroja otras que le corresponden a la justicia ordinaria”, concluye Martínez.

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